Cataluña estrena deducciones fiscales para quien se mude a un pueblo: hasta 2.000 euros y descuentos en la compra o el alquiler de vivienda
Tres cuartas partes de la población catalana vive en el 15% del territorio. El dato resume décadas de desequilibrio entre una franja costera y metropolitana saturada y un interior que se vacía. Para intentar corregirlo, el Parlament aprobó en julio de 2025 una ley que introduce deducciones fiscales dirigidas a quienes decidan trasladarse a vivir a un municipio rural. Las medidas entran en vigor el 1 de enero de 2026, lo que significa que la primera campaña de la renta en la que podrán aplicarse será la de 2027, correspondiente al ejercicio de este año.
Las deducciones son cuatro y cubren distintas situaciones. Quien traslade su residencia habitual a un municipio rural puede deducirse 750 euros, cifra que sube a 1.000 si el destino es un municipio rural de atención especial, una categoría reservada a los más pequeños o con mayor riesgo demográfico. Las familias monoparentales doblan esos importes: 1.500 y 2.000 euros respectivamente. Esta deducción solo puede aplicarse una vez y en el año en que se produce el traslado.
Para quienes compren o rehabiliten una vivienda en estas zonas, la deducción es del 15% de lo pagado durante el ejercicio, o del 20% en municipios de atención especial, con un tope de 6.000 euros anuales aplicable durante un máximo de quince años. El alquiler también tiene su hueco: el 15% de las mensualidades, hasta 600 euros al año.
No todo el mundo puede acceder. La deducción por traslado está pensada para jóvenes de entre 18 y 35 años o para familias con hijos menores de 16 años que se escolaricen en la zona. El límite de renta se sitúa en 30.000 euros en declaración individual y 45.000 en conjunta. Queda fuera, por tanto, buena parte de la población de mediana edad sin hijos en edad escolar, aunque quienes compren o rehabiliten vivienda tienen un umbral algo más holgado.
En cuanto a qué municipios son elegibles, la ley fija el listado en 608 de los 947 que tiene Cataluña, dos de cada tres. De ellos, 213 son municipios rurales ordinarios y 381 entran en la categoría de atención especial. La clasificación se revisará cada cuatro años.
La norma está en vigor, pero su aplicación práctica todavía genera dudas. La Associació de Micropobles de Catalunya, que agrupa a más de 300 ayuntamientos, ha pedido un calendario concreto de implementación y garantías presupuestarias. El riesgo, señalado ya durante el debate parlamentario, es que una ley bien intencionada se quede sin músculo financiero para funcionar.
