Los ocupantes del B9 acusan al Ayuntamiento de Badalona de vulnerar sus derechos ante un desalojo inminente
El colectivo de más de 400 personas que reside en el antiguo instituto B9 de Badalona ha anunciado acciones legales contra el Ayuntamiento al considerar que se están vulnerando sus derechos fundamentales. Representados por las abogadas del colectivo Baula Advocacia, los ocupantes preparan una denuncia ante la Oficina d’Igualtat de Tracte i No Discriminació, dependiente del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat, alegando que el consistorio no ha ofrecido alternativas habitacionales ni un plan de realojamiento previo al desalojo.
El edificio, ocupado desde hace años y convertido en uno de los asentamientos irregulares más grandes de Cataluña, está pendiente de una orden judicial de desalojo dictada por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La defensa de los residentes intenta paralizar el procedimiento mediante un recurso por vía de Derechos Fundamentales, argumentando que se trata de lo que califican como “el mayor desahucio del Estado” y que su ejecución dejaría a centenares de personas en la calle en pleno invierno.
Los portavoces del colectivo denuncian una situación límite. “Si nos echan, no tenemos dónde ir. Volveremos a ocupar porque las personas no desaparecen”, advirtió Yonnous, uno de los residentes. La mayoría de los ocupantes son migrantes subsaharianos, muchos procedentes de otros desalojos previos en naves industriales de la ciudad. Señalan además la imposibilidad de acceder a vivienda regulada debido a su situación administrativa bajo la Ley de Extranjería.
Desde el colectivo, también se acusa al Ayuntamiento, gobernado por Xavier García Albiol, de “criminalizar” a los residentes del B9 y de haber fomentado la percepción de inseguridad para justificar futuras actuaciones policiales en la zona. Denuncian, además, la ausencia de recursos sociales y sanitarios, mencionando casos recientes de tuberculosis y la falta de atención a residentes con problemas de salud mental.
Las entidades sociales Badalona Acull y el Sindicat de l’Habitatge se han sumado a las críticas, recordando que la ciudad vive un aumento de los precios del alquiler del 112% y que se producen “tres desalojos forzados al día”. Acusan al consistorio de haber renunciado a recursos de acogida, como la compra de un hostel en Pep Ventura o el mantenimiento del albergue de Can Bofí Vell, y de haber suprimido programas de regularización como el Acol.
Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene su posición y espera la ejecución de la orden judicial. El conflicto social y político se intensifica a las puertas de un desalojo que, de producirse, podría desencadenar nuevas acciones de protesta y ocupaciones en la ciudad.
