La zona de bajas emisiones de Tarragona entra en vigor con restricciones progresivas hasta 2028
Tarragona activará este miércoles 31 de diciembre su zona de bajas emisiones (ZBE), un nuevo sistema de restricción del tráfico en el centro de la ciudad que se aplicará de forma gradual hasta el año 2028. En esta primera fase, durante todo 2025, la limitación afectará únicamente a los vehículos sin etiqueta ambiental que no estén domiciliados en el municipio, mientras que los empadronados en Tarragona quedarán exentos al menos durante el primer año.
La medida responde a un requerimiento de la normativa europea en materia de calidad del aire, según ha defendido la concejala de Movilidad, Sonia Orts, quien ha subrayado que la ordenanza incorpora numerosas excepciones para reducir su impacto social. Pese a ello, la entrada en funcionamiento de la ZBE ha generado preocupación en sectores como el pequeño comercio y ha motivado protestas vecinales.
Durante los últimos días, el Ayuntamiento ha culminado los trabajos previos con la instalación de cámaras de lectura de matrículas y la señalización del perímetro afectado. La ZBE abarcará el área delimitada por las avenidas Vidal i Barraquer, Argentina y Catalunya, así como varias calles y paseos del entorno portuario y del centro histórico. Las vías perimetrales quedarán excluidas de las restricciones.
La normativa se aplicará de lunes a viernes, entre las 7.00 y las 19.00 horas. En esta fase inicial, se calcula que cerca del 20 % del parque móvil de la ciudad podría verse afectado. La ordenanza contempla, además, excepciones para personas con movilidad reducida, rentas bajas, vehículos históricos o profesionales, así como autorizaciones puntuales. Los vehículos de fuera de Tarragona que accedan directamente a aparcamientos subterráneos dentro de la ZBE podrán hacerlo sin necesidad de trámite previo.
El calendario aprobado prevé que a finales de 2026 las restricciones se amplíen a los vehículos empadronados fuera del área ZBE, que en 2027 afecten a los residentes dentro del perímetro y que, a partir de 2028, también deban solicitar autorización los vehículos con etiqueta B, a la espera de la confirmación definitiva por parte de la Generalitat.
Las asociaciones de comerciantes han advertido del posible impacto negativo en la actividad económica del centro, mientras que plataformas vecinales critican la falta de información y el escaso margen de adaptación. Desde el consistorio aseguran que se reforzará el transporte público y la conexión con aparcamientos disuasorios para facilitar la movilidad y mitigar los efectos de la nueva regulación.
