La Generalitat pone fin al asentamiento del B9 tras realojar a los últimos desalojados de la C-31
El conflicto generado tras el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona ha entrado en su fase final con el realojo de las últimas personas que permanecían durmiendo bajo la autopista C-31. La Generalitat, en coordinación con entidades sociales, ha ofrecido alojamiento a los cerca de 30 inmigrantes que todavía pernoctaban en la zona, cerrando así uno de los episodios más tensos vividos en la ciudad en los últimos meses.
El dispositivo activado por el Govern ha atendido a más de 180 personas desde el desalojo del inmueble el pasado mes de diciembre. De ellas, más de 120 han sido ubicadas en recursos financiados o gestionados directamente por la administración autonómica. Según ha explicado la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, el alojamiento previsto tendrá una duración inicial de varias semanas y se complementará con un plan de acompañamiento social.
Este seguimiento, con un horizonte aproximado de dos meses, tiene como objetivo facilitar alternativas estables a las personas realojadas, ya sea mediante recursos habitacionales, apoyo social o trámites administrativos. En este sentido, la Generalitat ha confirmado que mantiene contacto con la Delegación del Gobierno para acelerar procesos de regularización en aquellos casos que cumplan los requisitos legales.
Mientras se avanza en la vertiente social, el caso sigue abierto en el ámbito judicial. La Fiscalía de Odio y Discriminación ha iniciado diligencias para analizar la actuación del Ayuntamiento de Badalona durante el desalojo del B9. El ministerio público ha solicitado al alcalde, Xavier García Albiol, que justifique por qué no se habilitó un albergue municipal para las cerca de 400 personas expulsadas del edificio, pese a que la orden judicial contemplaba la necesidad de garantizar atención social.
La polémica ha tenido también un fuerte impacto en los barrios de Sant Roc y El Remei, donde se instaló inicialmente el campamento improvisado de los desalojados. Vecinos de la zona han protagonizado en las últimas semanas varios cortes de la C-31 para denunciar problemas de inseguridad, insalubridad y conflictos de convivencia. Estas protestas han intensificado la presión política sobre el consistorio.
Tras declaraciones muy críticas hacia el vecindario, Albiol acabó comprometiéndose públicamente, en un encuentro celebrado el 26 de enero, a reforzar la seguridad, mejorar el alumbrado y aumentar los servicios de limpieza en Sant Roc. Con el desmantelamiento definitivo del asentamiento bajo la autopista, las administraciones confían ahora en rebajar la tensión social y abrir una nueva etapa centrada en la recuperación del entorno y la atención a las personas realojadas.
