Detectan fraude eléctrico en 24 de los 26 supermercados inspeccionados en Barcelona
Un amplio operativo policial y administrativo llevado a cabo en Barcelona ha destapado un fraude masivo en el suministro eléctrico en supermercados de distintos distritos de la ciudad. De los 26 establecimientos inspeccionados el pasado 2 de diciembre, 24 obtenían electricidad de forma ilegal mediante conexiones fraudulentas a la red general.
El dispositivo, denominado Nihari, se desplegó en locales situados en Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Gràcia, l’Eixample y Ciutat Vella, muchos de ellos abiertos las 24 horas y gestionados bajo régimen de franquicia. En la operación participaron agentes de la Guardia Civil, Guardia Urbana y Policía Nacional, además de subinspectores de Trabajo y técnicos de Endesa.
Las comprobaciones técnicas confirmaron la manipulación directa de las instalaciones eléctricas para evitar el pago del consumo. Como consecuencia, la Guardia Civil ha investigado a 26 personas por presuntos delitos de defraudación de fluido eléctrico. El volumen estimado de energía sustraída asciende a 2,85 millones de kilovatios hora, una cantidad equivalente al consumo anual de más de 800 viviendas.
Más allá del perjuicio económico, las autoridades advierten del grave riesgo para la seguridad que suponen estas instalaciones irregulares. Las conexiones ilegales carecen de las protecciones exigidas y pueden provocar sobrecargas, cortocircuitos e incendios, un peligro especialmente elevado al tratarse de locales ubicados en bajos de edificios residenciales con gran afluencia de personas.
El operativo también sacó a la luz numerosas irregularidades administrativas. La Guardia Civil tramitó denuncias por contrabando, errores de etiquetado, incumplimientos en materia de protección de datos, alteración de básculas, infracciones sanitarias y falta de acreditaciones obligatorias. Por su parte, la Guardia Urbana detectó 87 infracciones relacionadas con seguridad, higiene y normativa municipal, como ausencia de extintores, salidas de emergencia deficientes, venta de productos caducados o actividad comercial sin licencia.
En el ámbito laboral y de extranjería, la Policía Nacional identificó a 59 personas, de las cuales cinco resultaron ser víctimas de explotación laboral. Además, se localizaron cinco trabajadores en situación administrativa irregular, iniciándose los correspondientes expedientes que podrían derivar en sanciones y órdenes de expulsión.
En todos los locales con acometidas eléctricas fraudulentas se procedió al corte inmediato del suministro y se trasladó la información al Ayuntamiento para impedir la distribución de alimentos que pudieran suponer un riesgo para la salud pública. La Inspección de Trabajo, por su parte, ha detectado hasta el momento 23 infracciones adicionales en materia laboral y de seguridad social.
