Barcelona invierte casi 12 millones de euros en una década para borrar grafitis de trenes de metro
El vandalismo con pintadas en la red de metro de Barcelona ha supuesto un importante coste económico para la ciudad. En los últimos diez años, Transports Metropolitans de Barcelona ha destinado cerca de 12 millones de euros a la limpieza de trenes afectados por grafitis, una cifra que refleja el impacto sostenido de este tipo de acciones sobre el transporte público.
En total, han sido limpiados 4.737 convoyes desde 2016, con una especial incidencia en las líneas más utilizadas por la ciudadanía. La L1 y la L4 concentran el mayor número de actos vandálicos, en buena parte porque son trayectos con un elevado volumen de pasajeros diarios, lo que incrementa la visibilidad de las pintadas y las convierte en un objetivo habitual para los grafiteros.
Desde la empresa pública de transporte subrayan que el problema va más allá del gasto económico. Cada tren que sufre pintadas debe ser retirado temporalmente del servicio para su limpieza, lo que reduce la disponibilidad de material rodante y puede generar afectaciones en la frecuencia y la regularidad del servicio. Limpiar un solo convoy puede implicar que quede fuera de circulación durante toda una jornada.
La evolución de los datos muestra un descenso progresivo del número de trenes vandalizados desde 2021, año en el que TMB puso en marcha un plan específico contra el grafiti. Gracias a esta estrategia, la superficie total pintada se ha reducido de forma notable y también han disminuido las horas de interrupción del servicio asociadas a estas limpiezas, así como el coste anual, que hoy es muy inferior al registrado a comienzos de la década.
Aun así, el impacto acumulado sigue siendo elevado. La limpieza de grafitis requiere procesos lentos y especializados, con uso intensivo de agua, productos químicos y personal equipado con medidas de protección. Desde las administraciones se insiste en que estas prácticas no solo dañan bienes públicos, sino que repercuten directamente en la calidad del servicio que reciben los usuarios y en el gasto de recursos públicos que podrían destinarse a otras mejoras del sistema de transporte.
