Desahucian a Blanca, la mujer de 78 años que debía 88 euros
Blanca, una mujer de 78 años residente en Barcelona, ha sido desalojada de su domicilio de 55 años tras sucesivos intentos. A pesar de un intento previo de negociar un nuevo contrato de alquiler a precio de mercado entre el consistorio y la propiedad, la falta de acuerdo ha llevado al desalojo este jueves.
Según informes de Informativos Telecinco, la propuesta del ayuntamiento consistía en proporcionar una ayuda de emergencia social de 1,000 euros a Blanca, destinada a la vivienda y a ser abonada a la propiedad para permitirle permanecer en el lugar. Esta oferta se presentó en respuesta a la demanda de garantías de pago por parte de la propiedad, ya que, según la normativa, el consistorio no puede avalar pagos de terceros, pero sí puede otorgar ayudas de emergencia.
A lo largo del año 2024, se ofrece a Blanca la opción de acceder a una vivienda con servicios destinada a personas mayores, siguiendo los procedimientos y normativas correspondientes.
Ante la persistente negativa de Blanca a aceptar la ayuda propuesta y tras el desacuerdo, el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha un alojamiento de emergencia en el Eixample para la afectada. En los próximos días, Blanca tendrá la oportunidad de recoger sus pertenencias que aún permanecen en la vivienda.
Cabe destacar que la organización Resistim Gòtic intentó anteriormente evitar el desahucio, el cual se originó a raíz de una acusación de la propietaria por una deuda inicial de 88 euros relacionada con «unas obras». No obstante, la ejecución del desahucio se fundamentó en la finalización del contrato entre ambas partes en 2017.
La situación de Blanca se complica aún más, ya que, según la asamblea de vivienda del barrio de la capital catalana, la deuda de 88 euros que motivó el desahucio ya había sido saldada «desde hace años». A pesar de ello, el juez determinó que el retraso en el pago es motivo suficiente para proceder con el desalojo.
La propietaria del piso obtuvo una resolución judicial favorable para la recuperación de su inmueble en 2019. La justificación reside en que «no está obligada a soportar la situación personal de la señora, que desde 2010 cuenta con alternativa habitacional y finalizó su contrato en 2017, siendo su caso monitoreado por servicios sociales».
Cabe destacar que la arrendadora, clasificada como una persona física y no como una gran tenedora de viviendas, ha argumentado que Blanca no cumple con los requisitos legales para ser considerada una persona vulnerable. Por consiguiente, se ha procedido con el lanzamiento del desahucio.
La resolución judicial subraya que «la parte ejecutante ha puesto de manifiesto que la arrendataria era propietaria del 50 por ciento de una vivienda en Barcelona desde el día 5 de julio de 2010». Además, se señala que la mujer de 78 años no se encuentra en una situación de vulnerabilidad social o económica. La ejecución del desahucio, que estaba programada para abril de 2020, se vio detenida temporalmente debido a la pandemia de coronavirus.
