A juicio los integrantes de una presunta organización criminal acusada de obligar a prostituirse a 26 mujeres en Sabadell
La Audiencia de Tarragona se prepara para juzgar a los integrantes de una presunta organización criminal acusada de obligar a prostituirse a 26 mujeres extranjeras en varios prostíbulos distribuidos por Sabadell, Barcelona, Tarragona, Tortosa y Vilanova i la Geltrú. El juicio, inicialmente programado para este jueves, ha sido pospuesto hasta el 13 de mayo, cuando se abordarán las cuestiones previas y posiblemente se escucharán los primeros testimonios. En el marco de esta causa, la fiscalía ha imputado a 20 personas por delitos que incluyen prostitución, asociación ilícita, explotación laboral, blanqueo de capitales y falsificación de documentos oficiales. Es relevante mencionar que dos de los investigados no se han presentado, por lo que se les ha declarado en rebeldía.
Según la acusación, la organización habría forzado a una veintena de mujeres a prostituirse entre los años 2008 y 2010 en ocho prostíbulos ubicados en diversas ciudades catalanas. Estas mujeres vivían en condiciones extremadamente difíciles, obligadas a estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, y eran multadas por incumplir las normas internas del club.
Aunque estaba previsto que el lunes se abordaran las cuestiones previas del caso, el juicio comenzó con varias horas de retraso debido a que la mayoría de los abogados de los investigados intentaron llegar a un acuerdo con la fiscalía. Finalmente, después de una larga deliberación, se decidió posponer el inicio del juicio al próximo 13 de mayo. La fiscalía ha advertido que muchas de las presuntas víctimas serán difíciles de localizar, al igual que dos de los acusados que se encuentran en rebeldía.
Por otro lado, la fiscalía solicita penas de prisión muy elevadas para los presuntos líderes de la organización. Se pide un total de 175 años de prisión para el supuesto líder, 173 años para su pareja, quien desempeñaba funciones administrativas y de gestión en los prostíbulos, y 171 años para la pareja sentimental de la anterior, quien se encargaba del transporte de las mujeres y de labores de control y vigilancia. Además, se piden penas significativas para otros acusados que participaban en la organización, incluyendo mujeres que actuaban como encargadas y hombres responsables de la seguridad en los locales y del traslado de las víctimas.
En términos de responsabilidad civil, la fiscalía reclama una indemnización conjunta y solidaria de 5.000 euros por daños morales para las víctimas. Además, se solicita la prohibición de acercamiento a las víctimas y el comiso de las ganancias obtenidas por la organización, así como el cierre de todos los locales implicados durante cinco años.